Recientemente, el mandatario de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha ratificado una nueva Ley de Religión que establece más limitaciones a la libertad de religión y creencias en la nación.
Esta ley incorpora una Ley de Enmienda que incrementa las sanciones para aquellos que no respeten las reglas dictadas por la reciente Ley de Religión.
El 26 de diciembre, el Parlamento de Kirguiz aprobó ambas leyes, con un respaldo significativo de 76 votos a favor y sin votos en contra, pese a que se presentaron 12 abstenciones. La recién instaurada Ley de Religión, que sustituye a la de 2008, se pondrá en marcha el 1 de febrero de 2025, mientras que la Ley de Enmienda iniciará su aplicación el 3 de febrero.
“La nueva ley no mejora nuestra práctica de la fe, sino que la hace más difícil. He dejado de creer en cualquier mejora de las leyes o en la actitud del gobierno hacia nosotros los cristianos”, declaró un dirigente protestante al grupo noruego de derechos humanos, Forum 18.
Esta circunstancia provoca inquietudes acerca de la creciente limitación de las libertades de religión en la nación. La reciente ley exige que todas las congregaciones religiosas consigan un registro gubernamental para continuar su existencia, fijando un límite mínimo de 500 integrantes adultos, en contraposición a los 200 de la legislación previa.
Esto supone un reto considerable para las comunidades protestantes, que ya lidian con problemas para conseguir la cantidad requerida de firmas para el registro.
Además, una vez que una iglesia consigue el registro, tiene la obligación de reinscribirse cada diez años, lo que conlleva una tarea complicada.
La legislación también requiere que las peticiones contengan información acerca de la doctrina, la historia, las prácticas y la perspectiva de la comunidad con relación a asuntos como la familia y la educación.
También categoriza a aquellos que propagan religiones a través de diferentes vías, como predicadores, que deben estar inscritos en la SCRA y tener una educación religiosa especializada. Las entidades religiosas únicamente tendrán la capacidad de organizar eventos en sus propias instalaciones y deben informar a las autoridades locales con un mínimo de diez días de antelación.
La reciente legislación impone sanciones relevantes para aquellos que ejerzan su libertad de culto sin autorización, generando un ambiente limitante que dificultará la vida diaria de los evangélicos y otros grupos religiosos en la nación.
Algunas de las medidas son:
- Censura de todos los textos y materiales religiosos por parte de la SCRA.
- Prohibición de distribuir literatura o materiales religiosos en lugares públicos.
- Prohibir la educación religiosa a niños o adultos sin el permiso de la SCRA.
- Exigir notificación a la SCRA para que las personas viajen al extranjero para estudiar en una escuela religiosa.
- Las misiones extranjeras y los misioneros requieren registro.
- Prohibir a los miembros electos del gobierno local y del Parlamento realizar actividades religiosas.
“Temo que si se adoptan estos cambios y las autoridades continúan con sus estrategias anteriores, muchas iglesias serán cerradas”, finalizó el líder protestante.
