Según el último informe realizado por OIDAC se ha registrado un aumento de 44% durante el último año con respecto a los crímenes de odio anticristianos.
El pasado 16 de noviembre, OIDAC (Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa) hizo público su informe anual, con motivo del «Día Internacional de la Tolerancia».
En dicho informe se destaca un aumento del 44% en los crímenes o transgresiones de odio en contra de los cristianos durante el 2022, logrando registrar así 748 crímenes de odio en 30 países diferentes.
Se puede observar un notable incremento en los ataques de tipo incendiario a iglesias, que aumentaron en un 75% entre 2021 y 2022. La mayoría de estos delitos se generan por parte de motivaciones extremistas y son dirigidos especialmente contra los cristianos que expresan su cosmovisión tradicional, incluso llegando a sufrir discriminación legal en países que se consideran «defensores de la libertad».
En el mismo informe también se puede observar registros de otras formas de discriminación, como lo son la pérdida de empleos, suspensiones o incluso procesos penales, solo por expresar posiciones religiosas de manera pública, acusándolos de ataques y «discurso de odio».
La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) informa que los cristianos forman el grupo religioso que ha sido más atacado. A su vez, el informe de OIDAC resalta la necesidad de crear rápidamente conciencia sobre este gran problema y que así sean ejecutadas las medidas políticas para combatirlo con decisión y lograr erradicar esos crímenes de odio.
Se han presentado restricciones de manera legal a la libertad de religión y de reunión, como los son las llamadas «zonas de amortiguamiento» dentro del Reino Unido, que toman como actos criminales la oración y las manifestaciones religiosas ante las clínicas de aborto.
Por otra parte, la OIDAC presenció las violaciones al derecho de los padres para impartir la educación a sus hijos según sus creencias religiosas, así como también varias limitaciones a la libertad religiosa, dejando en una posición muy vulnerable al personal médico que se niega a participar en determinadas prácticas por motivos religiosos, como lo es el aborto o la eutanasia.