El certificado de paternidad propuesto por la Unión Europea presiona a los gobiernos de los estados miembros, para que aprueben la gestación subrogada como un procedimiento médico legítimo.
Junto con las oficinas de los eurodiputados Bert Jan Ruissen (ECR) y Miriam Lexmann (EPP), el Movimiento Político Cristiano Europeo promovió una conferencia sobre las leyes de crianza en la Unión Europea.
El debate en torno al tema de la gestación subrogada fue el eje principal del evento, que se celebró en Bruselas.
Ruissen reiteró: «¡Los bebés no son mercancías! Como resultado, deberíamos prohibir la subrogación comercial en lugar de fomentar su crecimiento».
Se invitó a 2 expertos reconocidos a hablar como oradores principales para brindar su experiencia en la materia. Olivia Sarton, directora científica de la organización francesa de derechos de los niños «Juristes Pour l’Enfance» (Defensores de los niños), y Adina Portaru, asesora principal del grupo de defensa legal basado en la fe «ADF International», presentaron sus perspectivas y experiencias en la conferencia.
Incluso en países donde la subrogación es ilegal, esta propuesta ha presionado a los gobiernos de los estados miembros para que legalicen la práctica.
La gestación subrogada, según los organizadores del encuentro, fomenta el abuso, la trata de personas, la violación de los derechos de mujeres y niños débiles, y el trato degradante hacia otras personas. Afirman que la práctica es incorrecta porque trata los úteros de las mujeres y los niños como mercancía.
Olivia Sarton enfatizó que «usar una madre de alquiler para tener hijos es una forma de explotación moderna que explota el cuerpo de la mujer y somete la descendencia que produce a una apropiación no autorizada».
Expresó su preocupación por las circunstancias en las que muchas mujeres consienten en esta práctica, y señaló que el consentimiento sincero de estas mujeres se ve cuestionado por su necesidad de asistencia y su vulnerabilidad psicológica.
Sarton también hizo referencia a la Declaración de Casablanca, que pide la prohibición total de la gestación subrogada.