Víctor Madrigal-Borloz: «La libertad religiosa no debe anular los reclamos del público LGBT»

Un artículo de un «experto independiente» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que argumentaba que la libertad religiosa no debería reemplazar las afirmaciones del público LGBT con respecto a su estilo de vida, atrajo la atención de los medios cristianos.

Víctor Madrigal-Borloz ha sido designado como experto independiente en «orientación sexual e identidad de género», según información facilitada por la propia ONU. Cumple esa función como segundo experto independiente.

Victor escribe que «las convicciones religiosas que desafían el estilo de vida LGBT, deben ir más allá de la libertad de religión o creencia adecuada». Específicamente, el derecho a la libertad de religión no debe usarse para apoyarlos.

Esto significa que si un pastor, sacerdote o rabino predica que las relaciones entre personas del mismo sexo es pecado y que Dios prohíbe la «homosexualidad», y la comunidad LGBT encuentra esto como algo ofensivo, entonces tal predicación ya no debería estar protegida por la libertad religiosa y debería, en cambio, ser eliminada.

Según Víctor, «la libertad religiosa no debe extenderse a creencias que desafían el estilo de vida LGBT porque pueden tener consecuencias graves y negativas para la personalidad, la dignidad y la espiritualidad de las personas LGBT».

Según el experto independiente de la ONU, «las posiciones violentas y tendenciosas están más allá de las protecciones legales internacionales de las creencias religiosas o de otro tipo».

El Instituto de Libertad Religiosa (RFI), ya había cuestionado la posición de Víctor, y dijo que alertó sobre la posibilidad de que este discurso se convierta en una herramienta más para la persecución y censura de los cristianos.

Según RFI, «los defensores de la política ‘SOGI’ (las siglas de las políticas que apoyan la agenda LGBT) tienden a caracterizar cualquier negativa a afirmar las expresiones o conductas ‘SOGI’ como discriminación de odio».

«Por lo tanto, la política SOGI puede aplicarse ampliamente contra personas y organizaciones religiosas», afirma el RFI.

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